Miedo y angustia. Esas son las palabras que más repiten los familiares de los adultos mayores que estaban internados en el geriátrico Santa Lucía de Saldán, una localidad a 28 kilómetros de esta capital, que se convirtió en el primero del país en registrar un contagio masivo de Covid-19. El 9 de abril de 2020 comenzó la crisis y el proceso terminó con 67 infectados y 12 muertos. Por el caso, hay dos médicos imputados. A casi dos años del hecho nunca se supo quién fue el paciente cero.

En esos días, el promedio diario de casos a nivel provincial era de 160 y las prevenciones sobre los geriátricos, se suponía, eran, como en todo el mundo, máximas por la vulnerabilidad de sus residentes. El 9 de abril por la tarde, según recuerda ante LA NACION el intendente Cayetano Canto, un médico que atendía en el establecimiento se comunicó al área de Salud para avisar que había dado positivo.

“Todos en el pueblo la pasamos muy mal. Era todo nuevo –sigue Canto–. Empezamos a hacer hisopados y empezaron los positivos. Se aisló el geriátrico, se hizo un cordón sanitario en la zona. Había pacientes muy viejitos y que ya estaban delicados. Comenzaron los traslados. Veinte días duró la agonía. Quedaron ocho personas a cargo del establecimiento con 75 adultos mayores adentro. Se habían separado las contagiados de los que no la estaban. Íbamos sacando a los más complicados”.

Al contagio masivo en el geriátrico se sumaron, en paralelo, las marchas multitudinarias de las asociaciones médicas cordobesas en repudio de la decisión de la Justicia de imputar a Lucas Figueroa, que dio positivo de Covid-19, y al director médico de la residencia, Marcelo Lázaro, por su supuesta responsabilidad en el contagio.

En abril del 2020, la provincia declaró el alerta epidemiológica en la zona.
En abril del 2020, la provincia declaró el alerta epidemiológica en la zona.

A Figueroa lo imputaron por infracción al artículo 202 del Código Penal, que prevé penas de 3 a 15 años de prisión al que propagare enfermedades peligrosas y contagios contra la integridad de las personas. A Lázaro le adjudican una figura culposa: violación del artículo 203 del Código que prevé además de escalas de multa una condena de prisión de seis meses a cinco años en los casos que se producen muertes.

A casi dos años, aún la causa no fue elevada a juicio. Hubo sí, peritajes y análisis de las historias clínicas. Andrés de León, presidente del Consejo de Médicos de Córdoba, señala que la imputación fue “un golpe muy duro. Ante la incertidumbre enorme que había y el estrés, el caso trajo un desánimo muy grande. Después no se imputó a nadie más, sería una ridiculez porque es muy diferente a que alguien contagie a sabiendas, que conociendo que está infectado se mueva, se reúna”.

El geriátrico era –y lo sigue siendo– prestador del PAMI. En ese momento la institución aseguró que “fallaron los protocolos”. Raúl Ovelar, director de la delegación Córdoba, dice que la obra social nunca sancionó a la residencia, que fue clausurada por el Ministerio de Salud provincial el 20 de abril y autorizada a reabrir unos tres meses después.

Dos días después de que se conociera el primer contagio, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) de la Provincia declaró el estado de alerta epidemiológica en Mendiolaza, Villa Allende, Saldán y La Calera (150.000 vecinos en total). La medida implicó que se intensificaron los controles de circulación por parte de las fuerzas de seguridad, se instalaron controles sanitarios en esos puestos y se realizaron testeos masivos.

Los residentes sanos quedaron en uno de los pisos del geriátrico y el resto, los que estaban contagiado, en el otro. No tenían contactos con sus familiares e, incluso muchos, por su estado de salud, ni siquiera tenían conciencia clara de lo que pasaba.

Puertas adentro

“Cuando me acuerdo la sensación es muy fea, horrible. Se generó pánico, mucho estrés –cuenta a LA NACION Ana Laura, hija de una mujer internada que se contagió–. Nunca supimos como empezó el foco. Le echaron la culpa al médico. Se manejaron muy mal, nunca dieron la cara. Jamás nos explicaron nada. Hasta tuve que insistir para que me dieran las cosas de mi mamá, que no quiso regresar”.

Ella se enteró del brote por un mensaje de WhatsApp a la madrugada. Así le avisaron que había un médico con Covid-19 y que su madre también había dado positivo. En ese momento, su mamá le comentó que los habían “organizado de manera diferente” y les habían indicado que no podían salir de la habitación. Como la mujer tuvo fiebre, a los tres días la internaron.

“Falleció gente con la que estaba relacionada, que ella quería mucho –enfatiza Ana Laura–. Hay que imaginar la angustia, la soledad y el miedo que deben haber tenido. Entraban ‘astronautas’ a controlarlos tres veces al día y no les explicaban nada. Nunca explicaron nada a nadie”.

Durante unas semanas hubo controles estrictos antes de ingresar a Saldán.
Durante unas semanas hubo controles estrictos antes de ingresar a Saldán.

Cinco familiares de personas internadas que se contagiaron también se presentaron ante la Justicia y pidieron que se investigue a los dueños del lugar por “abandono de persona, privación ilegítima de la libertad y homicidio culposo”.

Aunque desde el geriátrico prefieren no hacer comentarios ni sobre lo que pasó en el contagio masivo, ni sobre la situación actual, las distintas fuentes consultadas por este medio coincidieron en que muchos de los residentes que fueron relocalizados hace casi dos años, regresaron y viven hoy en el lugar.

Cruces de responsabilidades

Uno de los dueños del Santa Lucía, habló con el diario La Voz del Interior en junio de 2020. Presentado como R.L.P, afirmó que “siempre” cumplieron con “todos los protocolos” y que desde una semana antes de que se dictara la cuarentena obligatoria en el país, no permitieron visitas. Contó que el médico que dio positivo para Covid-19, el 8 de abril, “pidió faltar a fines de marzo porque estaba con bronquitis y hasta que se hizo el hisopado pasaron ocho o nueve días. Pienso que lo más probable es que él se haya contagiado en el geriátrico. El virus puede haber entrado de mil formas. No lo vamos a saber”.

“Fueron días terribles. El gran pecado fue permitir ingresar al virus, tengo como 20 sospechas sobre cómo pudo suceder, pero no me sirve de nada, no hay certezas. Siempre se buscan chivos expiatorios”, agregó.

Figueroa, el médico al que apuntaron en un comienzo, optó por una carta abierta en la que describió que recibió “críticas, insultos, escraches, difamaciones y mentiras sobre mi persona y mi familia”. Mencionó que, incluso, propuso al geriátrico que “se organizara y se anticipará a la contingencia” y sugirió “protocolo de acción con el propósito de prevenir y normatizar las acciones adecuadas”.

La imputación de los médicos por el contagio generó movilizaciones masivas de colegas.
La imputación de los médicos por el contagio generó movilizaciones masivas de colegas.

“En el geriátrico no había elementos de protección, no había alcohol en gel y las manos se las secaban en una toalla comunitaria o en los ambos, solo ponían un rollo de papel por día para secarse las manos. No prepararon adecuadamente al personal. No se definieron las zonas de aislamiento y circulación. No restringieron a tiempo el acceso de visitas, cuando debió hacerse anteriormente. Hoy el director médico del geriátrico miente. Miente impunemente y me deja expuesto. Hace mucho tiempo que no aparece por el lugar, pero sí aparece en los medios de comunicación diciendo que en el geriátrico todo estaba organizado”, añadió.

 

La Nación
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