Francia sancionará a empleados sanitarios no vacunados

Francia sancionará a empleados sanitarios no vacunados

Francia es uno de los países europeos que ha impuesto unas restricciones más fuertes para controlar la pandemia en esta quinta ola. Primero, implementó el uso del pasaporte sanitario (vacuna, test negativo o documento que acredite haber pasado la enfermedad) para hacer todo tipo de actividades, también ir a un bar. Una medida que no ha gustado nada a la población, que cada semana se manifiesta en contra. Ahora, ha anunciado que los sanitarios que no estén vacunados el miércoles 15 de septiembre serán sancionados.

El primer ministro del país, Jean Castex, justificó esta decisión por el aumento de contagios en las residencias geriátricas del país. Concretamente, puso el ejemplo de un geriátrico en el que los usuarios fueron contagiados por el personal encargado de cuidarlos: “Nadie lo puede entender”, añadió. Castex explicó la medida durante una entrevista a la emisora francesa RTL, asegurando que a pesar de las críticas de la población, el gobierno “no retrocederá” en la lucha contra la pandemia.

83% de vacunados

El presidente Macron anunció la obligatoriedad de la inyección a mediados de julio. Entonces, Macron avisó que si bien a la población general no se le exigiría, el personal sanitario sí que estaría obligado a vacunarse. Y fijó una fecha límite: el 15 de septiembre. Concretamente, esta medida afecta al personal de enfermería y no de enfermería de hospitales, clínicas, residencias para jubilados, establecimientos para personas con discapacidad, así como profesionales o voluntarios que trabajen en contacto con personas mayores o frágiles, también en casa.

Según informó ayer Castex, esta medida ha acelerado el ritmo de la inmunización, superando el 83% de sanitarios vacunados. De esta manera, según su criterio, su “táctica” ha provocado los efectos deseados. La vacunación general, sin embargo, va mucho más retrasada. Solo un 53% tiene la pauta completa y un 64% la primera dosis.

Tercera dosis

Por otra parte, el primer ministro ha indicado que la tercera dosis que se ha aprobado para mayores de 65 años y para personas con enfermedades de riesgo se empezará a administrar en las residencias a partir de la semana del 13 de septiembre. Así, el país ignora las recomendaciones de la OMS y de la EMA, que esta semana ha confesado no tener clara la necesidad de un recordatorio. En España, en cambio, la ministra Carolina Darias de momento se ha limitado a decir que el Estado está preparado para el momento en que esta se apruebe.

Otros países

Francia no es el único país que ha obligado a una parte concreta de la población a vacunarse. En España esta obligación se ha considerado innecesaria, ya que no hay tantos antivacunas como en otras regiones del mundo y la vacunación avanza a buen ritmo.

Italia, por ejemplo, exige la inyección a sanitarios y farmacéuticos desde principios de abril. Si se niegan, pueden ser destituidos de sus funciones y ser suspendidos de sueldo. Esta obligatoriedad estará en vigor hasta el 31 de diciembre, con el objetivo de “proteger la salud pública”. En Grecia están obligados desde julio todos los trabajadores de residencias y, como en Francia, a partir de septiembre también los sanitarios. Además, se han creado establecimientos, como bares o cines, solo para vacunados.

Por otra parte, el Reino Unido también se prepara para forzar la inyección al personal de los geriátricos a partir de octubre.

 

Fuente:
El Nacional de Catalunya

Cómo se adaptan las ciudades a la población cada vez más mayor

Cómo se adaptan las ciudades a la población cada vez más mayor

Las personas mayores representan un porcentaje cada vez más alto de la población y para 2030 superarán la proporción de niños y niñas. Un informe de Naciones Unidas de 2017 le puso números a esta tendencia que se aprecia en cada rincón del planeta. Desde 1980 hasta 2017, la cifra de quienes tienen más de 60 años se duplicó y alcanzó los 962 millones. Y se estima que para 2050 volverá a multiplicarse y llegará a los 2.000 millones.

Esta tendencia global también se ve en América Latina. En Cuba, Puerto Rico y Uruguay, el 15 % de la población tiene más de 60 años. En la Argentina, el porcentaje llega a 11. En la Ciudad de Buenos Aires hay un 22 % de personas de más de 65. “El aumento de la expectativa de vida es fantástico, pero los sistemas deben adaptarse”, reflexiona al respecto Silvia Gascón, directora del Centro de Envejecimiento Activo y Longevidad de la Universidad Isalud, de Buenos Aires.

Lo mismo señala un informe publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) titulado Las ciudades como espacios de oportunidades para todos: cómo construir espacios públicos para personas con discapacidad, niños y mayores. Allí se lee: “La mayor longevidad presenta nuevos desafíos y oportunidades para todos los Gobiernos locales”.

El texto destaca que uno de los desafíos principales para las personas mayores es la movilidad reducida, algo que también afecta a muchas personas con discapacidad. Y esto no es un detalle menor porque puede “contribuir a una vulnerabilidad social más amplia”. Se trata de una población más propensa a problemas como “la pobreza, la falta de vivienda, el aislamiento social y enfermedades mentales”.

“Los problemas de movilidad suelen limitar la capacidad de una persona de viajar de manera cómoda y segura en transporte público o en un vehículo privado. También es posible que alteren la sensación de comodidad, seguridad y pertenencia en los espacios públicos como parques, plazas y otros espacios comunitarios”, dice el informe.

“La falta de movilidad propicia una gran cantidad de síntomas depresivos y ansiedad. Cuando la ciudad no da seguridad (en sus calles y transporte), las personas mayores deciden no salir. La salud de las personas mayores depende mucho de su contacto social, esto se vio en la pandemia”, aporta Verónica Zenaida Montes de Oca Zavala, socióloga y coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

A esto se suma que las personas mayores muchas veces no están económicamente activas (no tributan) y, a la vez, implican mayores gastos para el Estado.

En este contexto, el propio BID destaca un modelo que puede ser de inspiración para que los centros urbanos sean más inclusivos con las personas mayores, lo que genera oportunidades de desarrollo social y económico: el de la ciudad de Málaga.

El modelo

La europea es una de las poblaciones con más proporción de personas mayores, con alrededor del 20 %. Y se calcula que para 2035, España tendrá un 42 % de habitantes con más de 60 años, lo que la convertirá en el segundo país del mundo en este ránking (solo por detrás de Japón).

Málaga es la sexta urbe del país, con una población de 573.000 habitantes, el 17,4 % con más de 65 años. La ciudad andaluza ha trabajado desde mediados de 1990 en un plan para mejorar la inclusión de personas mayores o con discapacidad que tengan movilidad reducida. Una estrategia que ayuda, según destaca el BID, no solo a mejorar la accesibilidad de sus habitantes, sino también a mejorar la economía del turismo.

Málaga, situada sobre el mar Mediterráneo, es una ciudad turística que también atrae por la accesibilidad para personas mayores. (Imagen: gentileza Ayuntamiento de Málaga) Málaga, situada sobre el mar Mediterráneo, es una ciudad turística que también atrae por la accesibilidad para personas mayores. (Imagen: gentileza Ayuntamiento de Málaga)

Cuando se piensa en la inclusión de personas con movilidad reducida es habitual imaginarse infraestructura de calles, veredas o edificios públicos, pero el concepto es más amplio que las adaptaciones físicas: implica también estimular la participación de esta población en la vida pública y fomentar su interacción social.

El plan de Málaga persigue tres objetivos:

-Promover actividades dirigidas a personas mayores para ayudarlas a encontrar un propósito y disminuir el aislamiento social.

-Prevenir problemas de salud física y mental.

-Fomentar la participación de las personas mayores residentes en el ámbito público y en la toma de decisiones de la ciudad.

Para lograrlo, son clave las 96 asociaciones de mayores que hay en la ciudad, con actividades gratuitas que abarcan desde talleres de teatro hasta clínicas de salud cognitiva y cursos de alfabetización digital. También tienen representantes que mensualmente se reúnen con el personal del Área de Derechos Sociales del ayuntamiento.

“La presencia de asociaciones de mayores en los barrios y de centros sociales como punto de encuentro facilita las relaciones, promueve la participación, la inclusión social y contribuye al desarrollo comunitario”, destacan desde el ayuntamiento. Y aclaran que las reuniones se han sostenido durante la pandemia, aunque los calendarios se han adaptado y se han aplicado protocolos sanitarios.

En esos encuentros, las personas mayores hacen propuestas que son escuchadas. “[Quienes presiden las asociaciones] son mi equipo. Es una relación de iguales”, le contó Francisca Ramos Montero, jefa de la Sección de Mayores dentro del Área de Derechos Sociales, al BID. Y dijo: “No podemos hacer todo lo que queremos, pero podemos empoderar a las personas residentes”.

El trabajo se complementa con los centros sociales: edificios solicitados al Estado por las asociaciones para brindar los talleres o compartir momentos de recreación, como juegos de carta o charlas. Hoy son unos 50 y tienen una función social clave, en una ciudad donde un cuarto de las personas mayores vive sola.

En estos lugares, según destaca el informe del BID, “algunos talleres son impartidos por sus integrantes, lo que les brinda oportunidades de liderazgo, mientras que otros son impartidos por jóvenes voluntarias y voluntarios para fomentar vínculos intergeneracionales”.

“Las relaciones son un pilar importante para las personas mayores. La pandemia ha frenado la posibilidad de relacionarse al permanecer confinadas y restringir el contacto social y esto ha tenido consecuencias negativas en la calidad de vida”, acotan vía e-mail desde el Departamento de Comunicación del ayuntamiento. Los centros, además de ser un espacio accesible, están ubicados en la cercanía de zonas con gran concentración de personas mayores.

Durante la pandemia los talleres se dictaron en formato virtual y mediante llamadas telefónicas se hizo un seguimiento de la población adulta mayor. A su vez, se hizo un especial foco en contactar a personas mayores de 80 años que viven solas: se las llamó por teléfono y se hizo un diagnóstico sobre su situación de vulnerabilidad para atender sus necesidades. Se realizaron 4.166 llamadas.

Empoderar y visibilizar

Espacios como las asociaciones han servido también para empoderar a las personas mayores, al estimularlas a crear sus propias iniciativas, como una revista o una radio.

A su vez, el ida y vuelta entre los líderes y el ayuntamiento le sirve al Estado local para ahorrar recursos, ya que se reduce el presupuesto en personal que interviene en una comunidad.

Al mismo tiempo, para mejorar la participación y la visibilidad de las personas mayores, se aprovechan eventos comunitarios. Por ejemplo, se organizan festividades públicas centradas en ellas, como el Carnaval del Mayor, la Semana del Mayor y el Día Internacional de las Personas Mayores.

Finalmente, la cuestión edilicia es otro de los ejes en los que trabaja el Gobierno de Málaga. En cuanto a las viviendas, exige que el 2 % de las unidades nuevas estén equipadas para personas con discapacidad. Además, subvenciona a los residentes mayores con bajos ingresos para acceder a una casa y cuenta con un programa para instalar ascensores adonde no los haya. El ayuntamiento también lleva adelante el Proyecto de Vida Independiente, que provee viviendas a personas con discapacidad provenientes de instituciones para que vivan con más autonomía.

Acerca de los lugares públicos, se ha puesto énfasis en la creación y acondicionamiento de más de 100 parques accesibles con aparatos de gimnasia. “El de Málaga es un modelo sumamente interesante que piensa en el curso de la vida y su adaptabilidad. No solo piensa en las personas mayores, sino en el proceso de envejecer y también en aquellos que pueden tener un accidente que limite su independencia. Esto tiene que ver con el modelo de ciudades inteligentes, que se adaptan a las poblaciones. Hemos pensado que las poblaciones deben adaptarse a las ciudades, lo que ha generado mucha exclusión”, analiza Montes de Oca Zavala.

El panorama en América Latina

“No podés hacer la misma política para todos. La única forma de hacer que las ciudades incluyan a las personas mayores es ir y preguntar”, destaca Gascón, de la Universidad Isalud. “Los países modelo no planifican en el aire, porque en cada lugar los motivos que excluyen a personas mayores pueden ser diferentes”, agrega.

En 2006, Gascón comenzó a trabajar en el proyecto de la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las personas mayores (GNAFCC por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de la Salud. Se trata de una red de centros urbanos con gestiones que buscan incluir a la población mayor y fomentar un envejecimiento activo. Hoy esa red cuenta con más de 1.000 ciudades del mundo.

Para ser parte, cada intendente debe enviar una carta a la OMS. Luego, la ciudad tiene un plazo para establecer una serie de mejoras en accesibilidad.

Si bien América es el continente con más ciudades amigables, la gran mayoría están en los Estados Unidos (unas 383, según señala la Organización Panamericana de la Salud). En América Latina hay 251, 192 de ellas en Chile. Gascón aclara, además, que muchas de las ciudades de la región forman parte de la red por haberlo solicitado pero aún no implementaron mejoras de accesibilidad.

Silvia Gascón trabaja desde 2006 en el Proyecto Ciudades Amigables de la Organización Mundial de la Salud. (Imagen: gentileza) Silvia Gascón trabaja desde 2006 en el Proyecto Ciudades Amigables de la Organización Mundial de la Salud.

“Desgraciadamente, el panorama en América Latina aún viene lento, con poca aceptación. El espacio es un ámbito de poder y en muchas ciudades de la región el espacio se ha privatizado. Muchas tienen un modelo adultocéntrico, piensan solamente en las personas que van a trabajar y no en las mayores o con discapacidad, o que son cuidadas o en las mujeres que se dedican a tareas de cuidado”, considera Montes de Oca, quien es parte de la Red Latinoamericana de Gerontología. Y agrega: “Son pocas las ciudades que realmente han establecido parámetros como los de Málaga o de la red de ciudades amigables”.

“El Estado debe considerar varios factores. El más relevante es la seguridad económica, que garantiza la satisfacción de las necesidades básicas como vivienda, alimentación, servicios públicos. Luego, la infraestructura pública de los entornos, el transporte, los servicios urbanos, que favorecen no solo la pertenencia y disfrute de la vida en colectivo sino las posibilidades de participación social”, dice Ángela María Jaramillo De Mendoza, socióloga y profesora en la Universidad Javeriana de Colombia y también miembro de la Red Latinoamericana de Gerontología, que además destaca la importancia de brindar opciones educativas para adultos mayores.

Para Gascón es clave la metodología que propone el Proyecto Ciudades Amigables: el de escuchar a las personas mayores y que sean ellas quienes señalen qué es lo que las excluye. Para eso, se deben realizar grupos focales en los que se le consulta a esta población sobre sus experiencias en ocho ámbitos: espacios públicos, transporte, vivienda, participación social, respeto e inclusión social, participación cívica, comunicación e información.

“Lo que tiene este proyecto es que va más allá de la accesibilidad física: evalúa otras dimensiones de la vida de los seres humanos que tienen que ver con la inclusión, con el lugar que la sociedad te da para estar activo, más allá de los años”, sintetiza.

Gascón llevó a cabo un estudio en ciudades de la Argentina, y lo que más señalaron las poblaciones mayores fueron: “La inseguridad derivada de la elevada criminalidad y delincuencia, las veredas rotas y la falta de mantenimiento de los espacios verdes, la inadecuación del transporte público ―tanto por el recorrido como por las características de las unidades―, la falta de cumplimiento de las normas básicas de tránsito y la inaccesibilidad de los edificios. También se registra opinión unánime sobre las desventajas de los servicios de salud disponibles para las personas mayores, en sus tres modalidades de cobertura: público, de obras sociales y privado”.

Al mismo tiempo, otros dos fenómenos especialmente preocupantes que se perciben en toda Latinoamérica son el denominado “maltrato tecnológico” en particular y los malos tratos cotidianos en general.

Sobre el primero, Gascón aclara que ya desde antes de la pandemia se les exigía a las personas mayores completar muchos formularios en línea sin que supieran cómo o se les negaba la atención personalizada en el banco y se les demandaba que hicieran sus trámites por el cajero. Lógicamente, esto se incrementó por la COVID-19.

Sobre la falta de respeto, a la especialista le preocupa el “viejismo”, el prejuicio y la discriminación contra personas mayores. “Muchas sienten que los jóvenes se las llevan por delante”, dice.

Gascón también destaca que hacer estos diagnósticos permite llevar adelante planes de acción, los cuales muchas veces implican prácticas sencillas, “como hacer un curso de capacitación para choferes, para que sean más respetuosos y acerquen el colectivo a la vereda en las paradas”. La especialista explica que promover la inclusión tiene mucho que ver con simplemente visibilizar a las personas mayores. “En uno de estos cursos, un chofer se puso a llorar y a decir: ‘Nunca me imaginé que mi mamá podía sufrir por estas cosas’”, agrega como ejemplo.

“El Estado también puede ayudar mucho con programas intergeneracionales que promuevan el encuentro entre jóvenes y personas mayores. Por ejemplo, cuando comenzó la campaña de vacunación en la provincia de Buenos Aires, había que inscribirse en formularios digitales, entonces entre varias universidades hicimos un acuerdo para que los jóvenes buscaran a los mayores y los ayudaran”, agrega.

Este tipo de acciones, dice Gascón, ayudan a cambiar la concepción sobre las personas mayores. “Ver que tenemos todavía, y quizás por mucho tiempo, deseos, preferencias —dice, incluyéndose—. No somos solo personas que necesitamos, sino que también tenemos derechos y, además, mucho para aportar”.

 

Esta nota, publica en Infobae por David Flier,
forma parte de la plataforma
Soluciones para América Latina,
una alianza entre INFOBAE y RED/ACCIÓN

España: geriatras exigen vacuna a trabajadores de residencias

España: geriatras exigen vacuna a trabajadores de residencias

¿Se debe obligar a que los trabajadores de las residencias se vacunen? El debate está abierto, sobre todo cuando el número de geriátricos con brotes en la provincia de Alicante se ha triplicado en un mes y en plena quinta ola de coronavirus. La patronal de las residencias, geriatras, asociaciones de pacientes y graduados sociales lo tienen claro. La vacunación en estos espacios tan vulnerables debe ser obligatoria y legalmente puede ser exigible.

«Que los trabajadores de las residencias estén vacunados es una cuestión fundamental y, quien no quiera ponerse la vacuna, no debería trabajar en estos centros, incluso se le podría demandar», advierte el geriatra José María Gómez Reino. Este profesional recuerda que los ancianos son los más vulnerables a enfermar gravemente de covid «incluso si están vacunados de coronavirus tienen riesgo de fallecer, ya que son personas con muchas patologías previas y una simple neumonía puede ser fatal». 

Clara Aguado, vocal por Alicante de la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología, considera «incomprensible» que en las residencias haya aún trabajadores sin vacunar. Además de los trabajadores, Aguado cree que la vacunación debería ser un requisito para que los familiares entren en los centros, «una vez que todo el mundo haya tenido oportunidad de vacunarse».

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El Ministerio de Sanidad ha actualizado esta semana sus recomendaciones sobre cómo actuar en las residencias de ancianos frente al coronavirus. Respecto a los trabajadores que se nieguen a vacunarse, el ministerio sólo recomienda que se sometan dos veces a la semana a una prueba PCR. Nada sobre que la vacuna sea un requisito. La vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra sí señaló días atrás que en el momento en el que a toda la población se le ofrezca la vacuna se abrirá el debate de exigirla para trabajar en estos centros.

Para José María Toro, presidente de la patronal de las residencia en la Comunidad Valenciana, Aerte, no se debería esperar más tiempo para que la vacuna sea un requisito exigible a quienes quieran trabajar en estos centros. «A todo el personal de las residencias se les ha ofrecido ya la opción de vacunarse y para las nuevas incorporaciones también hay dosis, por lo que no tiene ni pies ni cabeza esperar a que toda la población tenga acceso a la vacuna». 

Actualmente un 4% de las personas que trabajan en estos centros no están vacunados. «El foco se está poniendo en las personas que entran nuevas a trabajar, pero ¿qué pasa con estas personas que ya están dentro y no se han vacunado?», se pregunta el presidente de Aerte, quien exige a la Generalitat que mueva ficha. El ministerio ha recomendado que estas personas sean trasladadas a puestos en los que no atiendan directamente a los ancianos, algo inviable a juicio de Toro. «Es muy complicado cambiar a alguien que trabaja en asistencia directa a otro puesto. Quien plantea esto denota que sabe muy poco del sector».

Para la presidenta de la asociación Defensor del Paciente, Carmen Flores, también es insuficiente que a los trabajadores no vacunados se les haga una PCR periódica. «¿Qué ocurre si la prueba da positivo? ¿Aislamos de nuevo en sus habitaciones a todos los ancianos? No es justo. Además de que el trabajador ya ha podido enfermar de manera asintomática días antes de hacerse la PCR y a su vez contagiar a un anciano».

Flores también apoya que estar vacunado sea un requisito para trabajar en geriátricos o en centros sanitarios. «En España hay libre elección para vacunarse, pero todas las leyes tienen sus excepciones en un momento determinado y ya se sabe que la mascarilla, la distancia y la vacuna es lo que nos mantiene a salvo del virus». Y aunque la vacunación no sea obligatoria, a la hora de desempeñar un trabajo hay numerosa legislación que establece la necesidad de que la persona, desde el punto de vista de la salud y la prevención, se proteja y ayude a proteger a su entorno. 

Lucía Díaz, graduado social y empleada del bufete Ferrer Pallás pone como ejemplo la Ley General de Salud Pública 33/2011 «que en su capítulo segundo dice que los ciudadanos deben facilitar las actuaciones en materia de salud pública». En la Ley de Prevención de Riesgos Laborales también se recoge la obligación de los trabajadores «a la hora de velar por su propia seguridad y salud en el trabajo y para el resto de personas a su cargo». Díaz también pone como ejemplo el convenio colectivo marco estatal de residencias y ayuda a domicilio. «En su régimen sancionador establece como falta grave y muy grave el abandono de medidas de salud en el trabajo». La sanción en estos casos puede ir de 4 a 90 días de sueldo o el despido.

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Fuente: 
www.informacion.es

Los síntomas del Covid-19 en mayores podrían generar confusión

Los síntomas del Covid-19 en mayores podrían generar confusión

Desde el comienzo de la pandemia por COVID-19, las autoridades sanitarias y los especialistas pidieron a la población estar alerta ante una serie de síntomas como fiebre, tos seca, cansancio, molestias y dolores en el cuerpo, dolor de garganta, pérdida del sentido del olfato y del gusto, diarrea y otras menos habituales porque podían indicar la presencia del virus.

En cambio, un reciente estudio realizado en una docena de hospitales de la prestadora de salud de Nueva York Northwell Health encontró que un tercio de los mayores de 65 años a quienes se les detectó COVID-19 había llegado con otros síntomas.

El trabajo, publicado en Journals of Gerontology, indagó entre los registros electrónicos de salud de unos 5.000 pacientes mayores de 65 años hospitalizados por COVID-19 entre marzo y abril de 2020. Así encontró que un tercio de esas personas había llegado con otros síntomas que no eran tenidos en cuenta como los de la enfermedad.

“La gente espera fiebre, tos, dificultad para respirar”, dijo la psicóloga social y de la salud de los Institutos Feinstein de Investigación Médica Allison Marziliano, autora principal del estudio.

El equipo de investigación buscó los registros utilizando diversos software y determinó así que una cuarta parte de los adultos mayores informaron deterioro funcional. “Esto fue caídas, fatiga, debilidad, dificultad para caminar o levantarse de la cama”, dijo Marziliano.

El 11% experimentó un estado mental inusual entre los síntomas habituales, como “confusión, agitación, olvido, letargo”, precisó Marziliano. Aproximadamente la mitad del grupo con síntomas atípicos también padecía al menos uno de los problemas clásicos de COVID-19, como fiebre, dificultad para respirar y tos.

“Los médicos deben saber, los adultos mayores deben saber, sus cuidadores deben saber: si ve ciertos síntomas atípicos, podría ser Covid”, dijo una de las autoras del ensayo (REUTERS/Ronen Zvulun)
“Los médicos deben saber, los adultos mayores deben saber, sus cuidadores deben saber: si ve ciertos síntomas atípicos, podría ser Covid”, dijo una de las autoras del ensayo (REUTERS/Ronen Zvulun)

Con estas evidencias, la especialista advirtió: “Los médicos deben saber, los adultos mayores deben saber, sus cuidadores deben saber: si ve ciertos síntomas atípicos, podría ser Covid”.

Un dato destacable de la investigación es que detectó que la tasa de síntomas atípicos aumentó significativamente con la edad, afectando aproximadamente al 31% de las personas de 65 a 74 años, pero a más del 44% de las personas mayores de 85. Estos síntomas ocurrieron con mayor frecuencia en mujeres y en personas que tenían otras enfermedades crónicas, en particular diabetes o demencia.

Debido a que las personas que presentaban estos síntomas atípicos tenían menos probabilidades de experimentar problemas respiratorios y requerir ventilación mecánica, era menos probable que necesitaran ingresar a una sala de cuidados intensivos que quienes tenían un cuadro habitual. Pero ambos grupos pasaron unos 10 días en el hospital y aproximadamente un tercio de cada grupo murió.

Es decir que, a pesar de la diversidad de síntomas, estas personas estuvieron en el hospital durante aproximadamente el mismo tiempo, dijo Marziliano y “su tasa de mortalidad era igual de alta“.

La investigación refleja los hallazgos de otros estudios más pequeños de personas mayores que se llevaron a cabo al comienzo de la pandemia en los Estados Unidos y Europa. Durante un brote de COVID-19 en un hogar de ancianos en Providence, Rhode Island, por ejemplo, un estudio de la Universidad de Brown encontró que el síntoma más común era la pérdida de apetito, seguido de letargo, diarrea y fatiga.

“No nos sorprende necesariamente esto”, agregó Maria Carney, médica geriatra y coautora del estudio de Northwell. “Los adultos mayores no siempre se presentan como otros adultos. Puede que no tengan fiebre. Sus metabolismos son diferentes “.

Los diabéticos más jóvenes, por ejemplo, pueden sudar y experimentar palpitaciones si su nivel de azúcar en sangre baja, explicó el Carney. Una persona mayor con niveles bajos de azúcar en sangre podría desmayarse sin previo aviso. Las personas mayores que sufren de depresión pueden tener pérdida de apetito o insomnio, pero no necesariamente se sienten tristes.

En mayo de 2020, Carney escuchó de una hija preocupada por su madre, que tenía 80 años y de repente se había debilitado, que “no tenía fiebre ni tos, pero no era ella misma”, recordó. Los médicos de una sala de emergencias local le habían diagnosticado una infección del tracto urinario y recetado antibióticos, informó la hija. Pero cinco días después, la condición de su madre empeoró, entonces Carney aconsejó que “necesita una prueba de COVID-19”.

Diagnosticar COVID-19 rápidamente en pacientes mayores puede marcar una gran diferencia. “Tenemos cosas que ofrecer ahora que no teníamos en la primera ola”, dijo Eleftherios Mylonakis, jefe médico de enfermedades infecciosas de la Escuela de Medicina Warren Alpert de la Universidad de Brown, quien dirigió el estudio de hogares de ancianos de Providence. “Tenemos una mejor comprensión, más tratamientos, mejor apoyo”.

Conocer que los síntomas de infección por SARS-CoV-2 en adultos mayores pueden ser diferentes que los de otros pacientes más jóvenes, permite a los médicos administrar terapias a tiempo y también proteger a los familiares, cuidadores (EFE/ Rodrigo Sura/Archivo)
Conocer que los síntomas de infección por SARS-CoV-2 en adultos mayores pueden ser diferentes que los de otros pacientes más jóvenes, permite a los médicos administrar terapias a tiempo y también proteger a los familiares, cuidadores (EFE/ Rodrigo Sura/Archivo)

Entre esos tratamientos, Mylonakis mencionó el uso de anticoagulantes para prevenir la coagulación y el uso de anticuerpos monoclonales que fortalecen el sistema inmunológico, pero “es primordial comenzar temprano cualquier tipo de tratamiento”, aseguró.

Conocer que los síntomas de infección por SARS-CoV-2 en adultos mayores pueden ser diferentes que los de otros pacientes más jóvenes, permite a los médicos administrar terapias a tiempo y también proteger a los familiares, cuidadores y otras personas cercanas que podrán aislarse y realizarse pruebas para determinar si han sido contagiados. “No solo ayuda al individuo, sino que también puede contener la propagación del virus”, dijo Mylonakis.

Además, “podemos evitar pruebas innecesarias, pinchazos y pinchazos, tomografías computarizadas”, aseguró Carney. Las tomografías computarizadas son costosas, onerosas y requieren tiempo para programarlas y analizarlas; un hisopo nasal para COVID-19 es rápido, relativamente barato y ahora está ampliamente disponible.

Este estudio ratificó observaciones que venían realizándose desde el inicio de la pandemia. En abril de 2020, el Kaiser Health News, el servicio de noticias sin fines de lucro sobre la atención de salud, detalló que los ancianos pueden parecer “apagados” -no actuando como ellos mismos- después de ser infectados por el coronavirus. Es posible que duerman más de lo habitual o que dejen de comer. Pueden parecer inusualmente apáticos o confundidos, perdiendo la orientación a su entorno. Pueden marearse y caerse. A veces, los ancianos dejan de hablar o simplemente se desmoronan.

Como en otras enfermedades, los adultos manifiestan que algo no está bien de manera típica, y eso lo estamos viendo también con COVID-19”, reveló entonces Camille Vaughan, jefa de la sección de geriatría y gerontología de la Universidad de Emory.

El grupo etario analizado en el estudio abarcó a la población que desde el comienzo de la pandemia fue considerada la de mayor riesgo de contraer cuadros graves y sufrir la muerte. Por eso se los priorizó en todo el mundo para acceder a la vacunación. En los últimos meses con la aparición de la variante Delta los científicos han observado la necesidad de completar el esquema de vacunación, especialmente en los grupos vulnerables.

En Argentina, hasta la semana pasada, más de la mitad, el 63%, de las personas que ya tienen el plazo vencido para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna, en total 2.268.045, son adultos de más de 60 años. Fue el sector priorizado al comienzo del plan de vacunación, cuando solo estaba disponible en el país la Sputnik V y habían llegado, básicamente, dosis del componente uno.

Fuente: 
Infobae

Cambio de puesto o + tests para empleados anti vacunas en España

Cambio de puesto o + tests para empleados anti vacunas en España

El Gobierno y las comunidades autónomas han llegado a un acuerdo este miércoles sobre los trabajadores de residencias que rechacen vacunarse. La dirección de estos centros podrá cambiarlos de puesto, a un lugar donde no tengan que estar en contacto con los mayores, mucho más vulnerables al impacto del coronavirus. Y en todo caso, deberán realizarse pruebas al menos dos veces a la semana. 

Las patronales de las residencias llevan semanas alertando del rechazo de algunos trabajadores a ser inmunizados. Piden que la vacunación sea en su caso obligatoria, como lo es, por ejemplo, en Francia. Las autonomías y el Ministerio de Sanidad, reunidos como cada semana dentro del Consejo Interterritorial de Salud, no han llegado tan lejos. 

Resulta imposible saber cuántos de los empleados en las residencias están optando por no vacunarse en toda España. Sanidad carece de datos y solo algunos territorios los ofrecen, mostrando un escenario muy variable entre unos y otros. En Galicia y Extremadura, este colectivo no llega al 1% del total en cada autonomía. En Andalucía, el porcentaje asciende al 2,7%, menos que en Murcia (5,8%) y Cataluña (7,8%).

El departamento que dirige la ministra Carolina Darias ha explicado que aunque el número de casos y fallecimientos en los mayores residentes en centros sociosanitarios ha descendido de forma considerable desde el mes de marzo de 2021, en el que se les terminó de vacunar, “en situaciones de alta transmisión comunitaria hay riesgo de que aparezcan casos, si no se toman las debidas precauciones”. De este modo, Darias ha informado del documento de recomendaciones aprobado por los técnicos de la Ponencia de Alertas, que se irá revisando por los responsables de Salud Pública de cada comunidad autónoma y que marcará las líneas generales de actuación.

Los fallecidos por Covid-19 en las residencias de mayores españolas han aumentado de 36 a 71 en la última semana, según la última actualización de datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), publicados el pasado 6 de agosto. Por ello, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha reclamado la realización de un estudio inmunológico que pueda constatar el grado de inmunidad hacia la Covid-19 en las residencias para mayores, y una tercera dosis de vacunación, si fuese necesaria, ante el repunte de casos en estos centros.

Solo en Cataluña, en la última semana han fallecido 51 residentes per covid19 i 79 han ingresado en hospitales. El virus está activo en en 101 residencias, el 10% del total, y ha penetrado en el 33%. En total, 429 ancianos se han infectado esta semana, y 359 profesionales también han contraído el virus.

 

Fuente: 
www.informacion.es