¿Se debe obligar a que los trabajadores de las residencias se vacunen? El debate está abierto, sobre todo cuando el número de geriátricos con brotes en la provincia de Alicante se ha triplicado en un mes y en plena quinta ola de coronavirus. La patronal de las residencias, geriatras, asociaciones de pacientes y graduados sociales lo tienen claro. La vacunación en estos espacios tan vulnerables debe ser obligatoria y legalmente puede ser exigible.

«Que los trabajadores de las residencias estén vacunados es una cuestión fundamental y, quien no quiera ponerse la vacuna, no debería trabajar en estos centros, incluso se le podría demandar», advierte el geriatra José María Gómez Reino. Este profesional recuerda que los ancianos son los más vulnerables a enfermar gravemente de covid «incluso si están vacunados de coronavirus tienen riesgo de fallecer, ya que son personas con muchas patologías previas y una simple neumonía puede ser fatal». 

Clara Aguado, vocal por Alicante de la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología, considera «incomprensible» que en las residencias haya aún trabajadores sin vacunar. Además de los trabajadores, Aguado cree que la vacunación debería ser un requisito para que los familiares entren en los centros, «una vez que todo el mundo haya tenido oportunidad de vacunarse».

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El Ministerio de Sanidad ha actualizado esta semana sus recomendaciones sobre cómo actuar en las residencias de ancianos frente al coronavirus. Respecto a los trabajadores que se nieguen a vacunarse, el ministerio sólo recomienda que se sometan dos veces a la semana a una prueba PCR. Nada sobre que la vacuna sea un requisito. La vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra sí señaló días atrás que en el momento en el que a toda la población se le ofrezca la vacuna se abrirá el debate de exigirla para trabajar en estos centros.

Para José María Toro, presidente de la patronal de las residencia en la Comunidad Valenciana, Aerte, no se debería esperar más tiempo para que la vacuna sea un requisito exigible a quienes quieran trabajar en estos centros. «A todo el personal de las residencias se les ha ofrecido ya la opción de vacunarse y para las nuevas incorporaciones también hay dosis, por lo que no tiene ni pies ni cabeza esperar a que toda la población tenga acceso a la vacuna». 

Actualmente un 4% de las personas que trabajan en estos centros no están vacunados. «El foco se está poniendo en las personas que entran nuevas a trabajar, pero ¿qué pasa con estas personas que ya están dentro y no se han vacunado?», se pregunta el presidente de Aerte, quien exige a la Generalitat que mueva ficha. El ministerio ha recomendado que estas personas sean trasladadas a puestos en los que no atiendan directamente a los ancianos, algo inviable a juicio de Toro. «Es muy complicado cambiar a alguien que trabaja en asistencia directa a otro puesto. Quien plantea esto denota que sabe muy poco del sector».

Para la presidenta de la asociación Defensor del Paciente, Carmen Flores, también es insuficiente que a los trabajadores no vacunados se les haga una PCR periódica. «¿Qué ocurre si la prueba da positivo? ¿Aislamos de nuevo en sus habitaciones a todos los ancianos? No es justo. Además de que el trabajador ya ha podido enfermar de manera asintomática días antes de hacerse la PCR y a su vez contagiar a un anciano».

Flores también apoya que estar vacunado sea un requisito para trabajar en geriátricos o en centros sanitarios. «En España hay libre elección para vacunarse, pero todas las leyes tienen sus excepciones en un momento determinado y ya se sabe que la mascarilla, la distancia y la vacuna es lo que nos mantiene a salvo del virus». Y aunque la vacunación no sea obligatoria, a la hora de desempeñar un trabajo hay numerosa legislación que establece la necesidad de que la persona, desde el punto de vista de la salud y la prevención, se proteja y ayude a proteger a su entorno. 

Lucía Díaz, graduado social y empleada del bufete Ferrer Pallás pone como ejemplo la Ley General de Salud Pública 33/2011 «que en su capítulo segundo dice que los ciudadanos deben facilitar las actuaciones en materia de salud pública». En la Ley de Prevención de Riesgos Laborales también se recoge la obligación de los trabajadores «a la hora de velar por su propia seguridad y salud en el trabajo y para el resto de personas a su cargo». Díaz también pone como ejemplo el convenio colectivo marco estatal de residencias y ayuda a domicilio. «En su régimen sancionador establece como falta grave y muy grave el abandono de medidas de salud en el trabajo». La sanción en estos casos puede ir de 4 a 90 días de sueldo o el despido.

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Fuente: 
www.informacion.es

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