Las residencias se quejan de que nada ha cambiado en el sector, pese a que con la covid y la elevada mortalidad que causó en los geriátricos, hubo una alerta social por la situación de estos equipamientos y un consenso sobre la necesidad de replantear este modelo asistencial.

“Estábamos convencidos que tras la covid había llegado, por fin, el turno de la dependencia, pero ya se han olvidado las residencias”, se queja Cinta Pascual, presidenta de la principal agrupación empresarial del sector, Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs), y de la gran patronal catalana, ACRA.

Pascual ha presentado hoy el Informe Social y Económico de ACRA 2021, que analiza el sector en Catalunya y subraya la “infrafinanciación” (compartida por todas las comunidades). Reclama una mayor financiación, como paso indispensable para mejorar el sector. Por ello, ha pedido un “incremento substancial” a las administraciones, especialmente la estatal “y establecer un copago justo y equitativo entre los usuarios”.

“Sin más financiación no se puede avanzar en nada. Somos los primeros interesados en mejorar las ratios de residencias por número de dependientes, de trabajadores por residentes, pero todo eso hay que pagarlo, tanto el coste del 60% de las plazas públicas, como ayudar a cubrir el 40% de privadas”, ha dicho Pascual. La estimación del sector es que se debería invertir en dependencia el 2% del PIB frente al 0,7% actual.

El cambio de modelo sigue atascado

La limitación presupuestaria es la justificación que ponen las residencias para oponerse al cambio de modelo que promueve le Ministerio de Derechos Sociales, que quiere impulsar residencias más pequeñas (de no más de un centenar de usuarios), organizadas por grupos de 15 convivientes y con al menos un tercio de habitaciones individuales, entre otros aspectos.

Las propuestas quedaron atascadas porque ni las patronales ni lo sindicatos ni algunas comunidades las apoyaron, aunque parece que se podrían desbloquear antes de fin de mes. “Sin financiación no puede haber nuevo modelo”, ha reiterado Pascual. El modelo de acreditación de centros, para obligarles a incorporar esas novedades, tiene “líneas rojas” según la directiva.

“Líneas rojas” a la propuesta ministerial

“Una de las condiciones es que la acreditación sea solo para nuevos centros, no puede ser retroactiva, sería inasumible obligar a los existentes a adaptarse a esas pautas”, ha afirmado Pascual. “Muchos centros se avendrían a reorganizarse en unidades de convivencia, pero dependerá de sus espacios”, ha agregado. Pascual ha señalado que otras pautas, como la ratio de un trabajador por cada dos usuarios se cumplen ya en unas pocas comunidades, como Catalunya.

Fin de las ayudas covid

A la estrechez económica, se suma, dice Pascual, que desde el 18 de mayo se eliminaron en Catalunya los fondos covid, unas ayudas públicas que han recibido las residencias durante la epidemia, “aunque la covid no ha desaparecido”. Las ayudas eran para costes adicionales como aumento de personal, material de protección, la sectorización de espacios en los centros para separar a residentes sanos de los contagiados; se seguían pagando las plazas públicas que quedaron vacías por la covid y se costeaba un porcentaje de plazas vacías en cada centro por si había un brote y debían aislarse residentes.

“En toda España tampoco se nos ha pagado el incremento del IPC para que lo podamos abonar en los sueldos de los trabajadores”, ha añadido Pascual. Para este año, hay previstos 600 millones adicionales para dependencia, como en los dos anteriores, pero en el 2021 no se invirtieron todos.

residencia GERIATRICA

Residentes en un geriátrico de L’Hospitalet celebraban el año pasado que ya estaban todos vacunados  Mercè Gili / LV

Gustavo García, coordinador de estudios de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, entidad que impulsó un nuevo modelo residencial que en parte ha recogido el Ministerio, cree que “ya hemos ganado la batalla de que hay que cambiar y del modelo”, pues durante la covid parecía que se quería ir a unas residencias medicalizadas en lugar de hacia centros más hogareños.

García cree que los cambios caerán por su propio peso, “en unos años, ¿quién querrá vivir en una habitación compartida, por ejemplo?”, ha señalado. Añade que “entendemos las quejas de los gestores de centros que los cambios tienen unos costes y esa financiación debe preverse”. Así, cree que el Ministerio debe presentar una memoria económica y el Gobierno ampliar su financiación porque “por ahora no hay un aumento de servicios”. Pero espera un acuerdo para impulsar la reforma “de año en año”. También urge a mejorar los sueldos del personal.

Más de 2.000 euros la plaza

ACRA agrupa al 70% de entidades de recursos asistenciales catalanes (residencias, centros de día, empresas de cuidados a domicilio, entidades de teleasistencia…) Su informe sobre el sector refleja “un caos, que somos las segunda comunidad por la cola en listas de espera para obtener la dependencia, con más personas en un limbo”, resume Pascual. Y apunta que los problemas han llevado a aumentar los precios de las plazas residenciales: una cuesta una media de 2.062 euros al mes, 740 en un centro de día.

La covid no se ha ido

La covid aún no se ha ido de las residencias, aunque la vacunación protege de los casos más graves a los mayores. Según datos del Imserso y el Ministerio de Sanidad, la tasa por 10.000 residentes de casos de covid
es de 82 (el pasado día 5), la mitad que un mes atrás. El número de muertes relacionadas con la covid, 47 en una semana, también se ha reducido a la mitad en el último mes. Sin embargo, esa semana primera de junio aún había 3.165 residentes con covid (de un total de 384.701) en 646 centros, sobre todo en la Comunidad de Madrid. Según datos de Catalunya, la incidencia en las residencias supera los 1.100 casos en 14 días por cada 100.000 personas (IA14), frente a los 318 en general. Hay casi 500 contagios semanales en los geriátricos. La IA14 entre los mayores de 60 años (residentes o no) es muy superior a los de menos de esa edad: entre los 80 y 89 años es de 398 casos frente a 131 entre los de 40-49.Los datos gubernamentales cuentan al menos 23.399 muertos en residencias españolas durante la epidemia.

El informe de ACRA señala que el sector de la dependencia crece y se vuelve más complejo por el envejecimiento de la población. Si ahora en torno al 20% de la población española tiene 65 o más años, en el 2055 será más del 30%.

Sistema público “estancado” según ACRA

El sistema público intenta asumir esta situación pero “se ha estancado”, dice el informe de ACRA, en aspectos como la concesión y revisión de los grados de dependencia (sin reconocimiento no se accede al plan individualizado que establece  los recursos asistenciales públicos a qué puede aspirar esa persona); la infrafinanciación de las plazas y el paso de las personas de un recurso como la teleasistencia o los cuidados en casa a un centro de día o una residencia.

ACRA reclama un modelo “más flexible para personalizar el acceso a los servicios según vayan cambiando las necesidades de la persona”. También, desarrollar nuevos perfiles profesionales para el sector.

La entidad ha constatado que en los dos años de epidemia se han reducido las solicitudes para tener reconocido el grado de  dependencia, aunque en el 2021 se volvió al nivel del 2018 (en el 2021 52.694 personas pidieron la valoración del grado de dependencia, el 61%, mujeres, frente a 55.219 en el 2019).

Fuente: La Vanguardia

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